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Ciudad del Carmen, Campeche, 11 de agosto de 2025.-
Se preguntan ¿Hasta cuándo la impunidad laboral?
Denuncian el robo sistemático de sus prestaciones, como la llamada “quincena 0”, un derecho ganado por contrato colectivo, que fue eliminada sin explicación clara.
Por: Redacción
Mientras directivos justifican recortes salariales con la excusa de “falta de recursos”, empleados denuncian el robo sistemático de sus prestaciones. La llamada “quincena 0”, un derecho ganado por contrato colectivo, fue eliminada sin explicación clara. ¿Dónde está el dinero?
EL DESPOJO SILENCIOSO en el que los trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) recibieron esta semana la peor noticia: su “quincena 0”, un ingreso adicional pactado en su contrato colectivo y libre de descuentos, fue rasurado a capricho de la rectora, Sandra Martha Laffón Leal y sus concejales y sindicato, sin previo aviso. A esto se suman meses de retrasos en el pago de estímulos, antigüedad, gratificaciones y quinquenios, dejando a cientos de familias en la incertidumbre.
LA DOBLE MORAL INSTITUCIONAL
Falta de transparencia: Las autoridades concejales, encabezadas por la rectora Sandra Martha Laffón Leal, argumentan que “no hay dinero” para cumplir con las obligaciones laborales. Sin embargo, fuentes internas revelan que sí existían fondos asignados al capítulo 1000, destinado precisamente a gastos operativos y salariales, pero las malas prácticas de reetiquetar los fondos federales y estatales asignados a la educación es su modo de corrupción naturalizada en esta administración, lastre de muchos años que se mantiene vigente y sin consecuencias legales ante auditorias, ante fiscalía y ante los mismas autoridades designadas para la optimización de los recursos que son para la educación yl as buenas prácticas administrativas en materia educativa.
Mientras los empleados ven cómo su salario se reduce, los viajes y gastos superfluos de algunos funcionarios continúan sin restricciones y en épocas vacacionales ellos, sí, sin descuentos ni raros, pueden disfrutar la recreación lujosa con sus familias. Los guetos administrativos de las cabezas concejales son parte de la herramienta de firmones instalados en su confort a costa de golpear al resto de la comunidad universitaria.
Lo más grave no son los recortes y el rasuro de derechos, sino la pasividad de quienes deberían defender a los trabajadores, sindicatos acomodados en confort e intereses personales que terminan negociando, en detrimento de la educación, y de la comunidad universitaria, dejan más débiles a una base laboral desprotegida:
El sindicato, en lugar de exigir soluciones, ha guardado silencio cómodo y cómplice.
Los representantes laborales no han presentado un plan de acción ante estos abusos recurrentes.
Y la rectoría en conjunto con sus concejales,entre otros; en lugar de asumir responsabilidad, culpan al Gobierno de Campeche por no enviar recursos, a pesar de que la universidad maneja un presupuesto propio y que en repetidas ocasiones ha recibido dineros extras por parte del estado, mismos que ha destinado a capricho y sin auditoría ni control administrativo, pero siguen contando con aliados que protegen la corrupción mediante el intercambio de favores económicos y administrativos, incluso vendiendo el poder de decisión y dejando golpeada a la educación y, a la sostenibilidad institucional.
¿QUIÉN RINDE CUENTAS?
Los números no mienten: Si se suman todas las prestaciones retenidas, el monto equivale a viajes lujosos o bonos discrecionales para altos mandos y concejales quienes como se ha mencionado, ellos si disfrutan completos sus salarios y prestaciones y hasta bonificaciones extras por prestarse a las malas prácticas en detrimento del erario público y de la educación.
La impunidad impera, es la norma, ya que ningún funcionario ha sido sancionado por estos incumplimientos, ni demandados públicamente para procesos jurídicos por estafar al erario público, so pretexto de una autonomía mal entendida, pese a que violan el contrato colectivo, la Ley Federal del Trabajo y más aún y muchísimo más grave: Los derechos Humanos de los trabajadores y sus familias.
“Nos quitan lo poco que nos corresponde, mientras ellos viven con privilegios. Ya basta”, dijo una trabajadora bajo anonimato por temor a represalias. Otro empleado administrativo añadió: “El sindicato solo firma lo que la rectoría quiere. No hay dignidad y más en nosotros mismos quienes soportamos esto”, por miedo a ser despedidos o víctimas de operaciones administrativas tendenciosas fraguadas por las autoridades en sus diferentes niveles.
La UNACAR se ha convertido en un símbolo de la desigualdad y acoso laboral: Abajo, los trabajadores pierden, hasta lo mínimo de lo que les permitiría sustentar a sus hogares; los arriba disfrutan confort y economía cómoda; la opacidad y los abusos siguen sin consecuencias jurídicas. Las preguntas son claras: ¿Cuánto más tendrán que aguantar quienes sostienen esta universidad? ¿Cuándo pondrán los trabajadores un límite a esta situación?
