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Consejos comunitarios de Kinchil, Ixil, Dzitnup y otras localidades convocan a una movilización el próximo 21 de marzo en Mérida.
Denuncian la destrucción de vestigios arqueológicos por parte de empresas y el “cochinero” legal en proyectos inmobiliarios.
Por: Russell G. G. Arjona Tamayo
Mérida, Yucatán, 27 de febrero de 2026.- En un frente común contra lo que califican como un “etnocidio en vivo y a todo color”, representantes de diversas comunidades indígenas de Yucatán alzaron la voz para convocar a una movilización estatal. La resistencia, que une a comisarios y defensores de Kinchil, Ixil, Dzitnup, Molas, Santa María Chí y Sisal, busca frenar el avance de mega granjas e inmobiliarias que, aseguran, están devorando el patrimonio natural y cultural de la entidad.
La movilización principal de llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo. La cita es a las 3 de la tarde en el Remate del Paseo de Montejo, desde donde marcharán hacia el Palacio de Gobierno.
“Es una marcha por la defensa del territorio derivado de las devastaciones de las inmobiliarias, de las avícolas, de las porcícolas y la falta de regularización”, explicaron los voceros. La fecha no es casual: coincide con el natalicio de Benito Juárez García y el equinoccio de primavera, símbolo del equilibrio que las comunidades exigen recuperar frente al “despojo” que sufren de sus tierras.
Uno de los puntos más críticos de la rueda de prensa fue la denuncia sobre la destrucción de patrimonio arqueológico en Kinchil. Federico Cuitún, del Consejo Comunitario, fue tajante al señalar a la empresa Crío por la destrucción de pirámides conocidas como Coloctó, cerca de la zona de Tzemé.
“Se estaban destruyendo las pirámides… hasta el día de hoy destruyeron pirámides, destruyeron un juego de pelota, enterraron pozos, un desastre y hasta el día de hoy no hay ningún castigado”.
Ante esta situación, las comunidades han exigido la renuncia del director del INAH en Yucatán, señalando una “incompetencia y corrupción” que permite la impunidad empresarial. Gregoria Dzul, defensora del territorio, reforzó el sentimiento de resistencia: “No nos vendemos ni queremos dinero, nosotros lo que queremos es que Tzemé esté libre”. El recuento de Felipa Poot, líder maya asesinada hace 90 años, fue invocad por Modesta Canul como el motor que impulsa a las nuevas generaciones a no caer nuevamente en la “esclavitud”.
La cuestión legal ocupa otro espacio en un frente de batalla complejo. Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, informó sobre asuntos jurídicos, así como de un revés “incomprensible” en el caso de Ciudad Maderas: El juzgado levantó la suspensión definitiva del proyecto tras el pago de 27.3 millones de pesos por parte de la empresa, a pesar de que se acreditó la deforestación ilegal y obras no autorizadas.
Por otra parte, en Santa María Chí, se anunció una victoria parcial; la empresa porcícola San Gerardo tiene como fecha límite el 30 de abril para retirar el último animas de sus instalaciones. Aunque se puede destacar que existe la incertidumbre sobre qué pasará con las fosas de oxidación y los desechos que quedarán como “herencia” para la comunidad.
Por último y en contraste la comunidad de Dzitnup, luego de recuperar la administración de los cenotes X-Kekén y Samulá, la comunidad reportas beneficios tangibles como techado de escuelas y alumbrado público, demostrando que la gestión comunitaria es una alternativa real al modelo extractivista.
