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Por: Redacción
Mérida, Yucatán, 25 de junio de 2026.- La reciente renuncia de Jacinto Sosa Novelo a la dirección de la Agencia de Transporte de Yucatán abre una nueva etapa para el sistema de movilidad del estado.
Más allá de cualquier valoración sobre su gestión, el relevo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿qué mecanismos existen para garantizar que el derecho a la movilidad de miles de personas no dependa de los cambios de funcionarios, coyunturas políticas o decisiones de corto plazo?
El transporte público no es un programa temporal ni una obra que pueda modificarse cada vez que cambia una administración.
Los ciudadanos han reclamado que es un servicio esencial que permite a miles de personas trabajar, estudiar, acudir a consultas médicas, acceder a oportunidades y participar plenamente en la vida de la ciudad.
Por ello, la discusión sobre la reforma a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán debe centrarse en una pregunta simple: ¿cómo se fortalecerá el derecho a la movilidad de quienes utilizan el sistema todos los días?
Los ciudadanos han dicho que tienen derecho a conocer qué beneficios concretos traerán estos cambios, cómo se protegerán los avances alcanzados en los últimos años y qué mecanismos garantizarán la continuidad de un servicio seguro, accesible, confiable y digno.
Igualmente, reclaman que los titulares pasan, las administraciones cambian, pero la necesidad de contar con transporte público de calidad permanece todos los días.
La movilidad requiere visión de largo plazo, instituciones sólidas y decisiones centradas en las personas. Cualquier reforma debe fortalecer esas garantías y no generar incertidumbre sobre el futuro del servicio.
La discusión no debería centrarse en quién gana o pierde políticamente. La discusión debería centrarse en cómo proteger mejor el derecho de las personas a moverse dignamente.
Porque los funcionarios cambian. Los derechos no deberían cambiar con ellos.
