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Especialistas advierten que, pese a su carácter histórico, el marco normativo mantiene el control estatal sobre el patrimonio cultural y abre la puerta a la turistificación comercial.
Por: Redacción
CIUDAD DE MÉXICO, 16 de agosto de 2026.- La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (LGDPIyA) se perfila para constituirse en el instrumento legislativo más importante en materia de comunidades originarias en la historia del México independiente, afirmó la directora del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, María Teresa Sánchez Salazar.
Durante el Foro académico de análisis crítico “Patrimonio indígena: lo que la consulta no pregunta”, convocado por el IGg con la participación de la investigadora Ilia Alvarado Sizzo, especialistas y representantes comunitarios, se evaluaron los alcances de esta legislación que reglamenta la reforma al Artículo 2º constitucional aprobada en septiembre de 2024.
La norma abarca el reconocimiento jurídico, la autonomía, la consulta previa y la protección del patrimonio cultural.
Al respecto, el investigador posdoctoral del IGg, Víctor Francisco Martínez González Robles, calificó la iniciativa como el cuerpo normativo más detallado desde las Leyes de Indias del siglo XVI, al constar de 453 artículos y 11 transitorios.
El especialista recordó que la consulta nacional ya está en marcha para alcanzar a 39 millones de personas que se identifican como indígenas y 2.6 millones que se reivindican como afrodescendientes en más de 16 mil 700 comunidades.
Los vacíos en la protección del patrimonio
A pesar de las innovaciones del texto, el análisis académico expuso severas inconsistencias estructurales. Martínez González Robles advirtió que el Estado mantendrá el control final sobre la catalogación y validez jurídica de los sitios sagrados, precisando que el consentimiento indígena no equivaldrá a un derecho de veto.
Asimismo, señaló que la Ley Federal de Monumentos de 1972 y la autoridad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) permanecerán intactas, dejando los mecanismos de redistribución de beneficios sin un piso mínimo ni evaluaciones independientes.
Por su parte, el investigador Erik David García González alertó sobre los riesgos de ejecución práctica: aunque la ley reconoce personalidad jurídica como sujetos de derecho público a las comunidades, la presión del turismo masivo amenaza con convertir las ceremonias sagradas y festividades en simples productos comercializables.
