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Con el despliegue de casi 400 efectivos de seguridad e inspección, las autoridades clausuraron más de 130 hectáreas de vegetación y manglar comercializadas ilegalmente bajo supuestos desarrollos residenciales.
Por: Yoisi Moguel.
CELESTÚN, Yucatán, 3 de agosto de 2026.- Lo que se vendía como una oportunidad dorada para adquirir un terreno en las costas yucatecas terminó revelando una oscura red de devastación ambiental y fraude inmobiliario.
Un megaoperativo de seguridad e inspección irrumpió en el predio San Isidro Miramar para poner freno a la destrucción del ecosistema dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.
La intervención tomó por sorpresa a las redes que promovían los supuestos fraccionamientos “San Josué” y “Martha Elena”.
En total, 33 sellos de clausura temporal cayeron sobre 17 polígonos que abarcaban más de 130 hectáreas de vegetación forestal y manglar arrasados.
Para lograr el aseguramiento en una zona de alto riesgo, se desplegó un estado de fuerza impresionante de casi 400 elementos, entre inspectores federales, la Marina, la Guardia Nacional y la policía estatal.
Detrás de esta acción existía un minucioso trabajo de inteligencia iniciado a finales de 2025 y reforzado con sobrevuelos a principios de este año, los cuales detectaron quemas provocadas y desmonte indiscriminado de flora protegida por la ley mexicana.
Las autoridades llegaron para poner un freno ambiental y una estructura criminal dedicada al despojo de terrenos costeros.
La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, lanzó un mensaje contundente al advertir que la invasión a las áreas protegidas se perseguirá como delito penal, prometiendo sanciones ejemplares y la reparación obligatoria del daño ambiental provocado en esta reserva estratégica para el planeta.
