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La normativa busca garantizar derechos y visibilizar a quienes viven con esta condición, así como a sus familias y personas cuidadoras.
Por: Miguel Velázquez
Mérida, Yucatán, 16 de diciembre de 2025.-El Congreso del Estado de Yucatán aprobó por unanimidad la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas Autistas, una normativa que busca garantizar derechos y visibilizar a quienes viven con esta condición, así como a sus familias y personas cuidadoras.
Durante la sesión de clausura del primer periodo ordinario de la LXIV Legislatura, la presidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social, Clara Paola Rosales, destacó que la ley marca un precedente al reconocer que el autismo no es una enfermedad, sino parte de la diversidad humana. “Es una ley que beneficia a niñas, niños, jóvenes y adultos autistas, así como a quienes los acompañan”, afirmó.
La nueva legislación sienta las bases para la creación del Primer Centro Estatal para la Atención del Autismo, que ofrecerá terapias de lenguaje y acompañamiento psicológico. Además, garantiza diagnósticos tempranos y educación inclusiva como derechos fundamentales.
Diputados de distintas fracciones coincidieron en que la norma responde a una deuda histórica y refleja una visión humanista construida mediante parlamento abierto y foros de consulta. Entre las propuestas incorporadas se encuentra la realización de un censo estatal para conocer cuántas personas con autismo viven en Yucatán y cuáles son sus necesidades.
El diputado de morena, Daniel González Quintal, destacó que el autismo debe asumirse como un tema de salud pública y una responsabilidad directa del Estado, y afirmó que el dictamen refleja una visión humanista construida a partir del parlamento abierto y el diálogo con la sociedad. Su compañero de bancada, Eric Quijano González, resaltó que la ley garantiza diagnósticos tempranos y educación inclusiva como derechos, y sostuvo que la verdadera inclusión deberá reflejarse en la vida cotidiana, en las aulas, los centros de trabajo y las comunidades.
La diputada Larissa Acosta Escalante de Movimiento Ciudadano expresó por su parte que “las personas con discapacidad no son malos estudiantes, hijos o hermanos. No son malos esposos o esposas”, pero el sistema debe entender la diversidad humana en todos los sentidos.
Afirmó que, en cada uno de los foros de consulta organizados por el Legislativo, las personas autistas dejaron claro que no querían ser nombradas desde etiquetas impuestas, “querían una ley que los nombrara con dignidad, nos dijeron con toda franqueza lo que aún falta, y lo vemos en el ámbito laboral donde casi el 90% está fuera del mercado laboral”.
El diputado Ángel David Valdez Jiménez del PAN, agradeció el diálogo y la colaboración de las distintas bancadas del Congreso para que la ley sea una realidad, incluyendo en ella propuestas recibidas de las familias, personas cuidadoras y autistas en los foros de consulta, como el caso de la realización de un censo para conocer cuántas personas con autismo viven en la entidad y cuáles son sus necesidades.
“A partir de que esta ley se apruebe correrán 180 días para que comiencen los cambios en áreas de salud, de educación, inclusión laboral y atención social”, expresó.
Gaspar Quintal Parra del Partido Revolucionario Institucional también se pronunció a favor reconocimiento el trabajo de las comisiones encargadas del dictamen y del trabajo en equipo con la comunidad, escuchando la voz de quienes viven esta realidad todos los días.
La ley establece un plazo de 180 días para implementar cambios en áreas de salud, educación, inclusión laboral y atención social.
En la misma sesión, el Congreso aprobó reformas al Código Penal en materia de feminicidio, legítima defensa y abuso sexual, así como modificaciones para fortalecer la seguridad jurídica en escribanías públicas. También se avalaron las leyes de ingresos municipales para 2026 y se designó a Jesús Armando Manzanilla como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Con estas acciones, la LXIV Legislatura concluyó su periodo ordinario reafirmando el compromiso de legislar con justicia y de cara a la ciudadanía.
