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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado que pretendía dar por cumplida la creación de la Defensoría Pública de los Derechos Políticos Electorales en la entidad.
Por: Miguel A. Velázquez
Mérida, Yucatán, 20 de abril de 2026.- La lucha por los derechos políticos de las comunidades indígenas en Yucatán ha tomado un nuevo giro legal al revocar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEEY) que pretendía dar por cumplida la creación de la Defensoría Pública de los Derechos Políticos Electorales en la entidad.
De acuerdo con el expediente SUP-JDC-124-2026, emitido el pasado 15 de abril, la máxima autoridad electoral determinó que la sentencia principal se encuentra apenas “en vías de cumplimiento”, y subraya que no existe una instalación formal ni operativa de dicha defensoría, dejando en vulnerabilidad a los ciudadanos que requieren este servicio.
El maestro Juan Alberto Baas Tec, principal impulsor de esta iniciativa, señaló que la Sala Superior fue clara al puntualizar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) se ha limitado a realizar meras “gestiones administrativas”.
“Parece una simulación para aparentar avances cuando en realidad no hay nada concreto. Están tratando de simular un plan para que vean que hacen algo por nosotros, pero es pura simulación”, denunció.
Baas Tec indicó que el TEPJF enfatizó que el tribunal local falló al no juzgar con perspectiva intercultural.
Al no estar operativa la defensoría antes del proceso electoral de 2026, se pone en riesgo el acceso real a la justicia para el pueblo maya, una comunidad históricamente discriminada, subrayó.
Juan Baas advirtió que la controversia aumenta debido a la reciente firma de un convenio entre el IEPAC y una organización civil, acción que calificó como “no democrática”, pues tiene irregularidades cómo la fslta de transparencia, pues no se transparentó el procedimiento de selección de dicha organización.
Además, dijo, carece de certeza jurídica, pues se excluyó a los promoventes originales del proceso y no se informó sobre los términos del acuerdo, así como la falta de respuesta, ya que actores ciudadanos solicitaron formalmente la creación de un Comité de Vigilancia para dar seguimiento al caso, pero el IEPAC ha guardado silencio.
Por ello, y ante la falta de avances tangibles, Juan Alberto Baas Tec aseveró que, de no obtener una respuesta favorable y transparente, procederá a impugnar el convenio suscrito por el instituto electoral.
